El 1 de enero de 2018, entro en vigor, en Francia, la ley que establece 11 vacunas obligatorias para los niños menores de 2 años de edad.
En vista a las bajas coberturas de vacunación y las epidemias que vienen sucediéndose el Ministerio de Salud francés recomendó, en julio de 2017,  ampliar el requisito de vacunación para ocho vacunas en bebés y niños  menores de 2 años de edad (pertussis, Haemophilus influenzae b, hepatitis B, meningococo C, neumococo, sarampión,  rubéola y parotiditis) además de las 3 que ya hace años son obligatorias (difteria, tétanos, poliomielitis). Esta ley solo se aplica a los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2018.
El objetivo de esta medida es proteger la salud de todos los niños y luchar contra las epidemias que reaparecen en Francia. Tomemos como ejemplo  la persistente epidemia de sarampión que entre 2008 y 2017 causo más de 23,000 casos  en Francia, más de 30 encefalitis y 12 muertes.

Por su parte, el gobierno italiano  aprobó, en mayo del pasado año, una ley que obliga a los padres a vacunar a sus hijos. Para inscribir a un niño de 0 a seis años en la escuela infantil o en la guardería, en Italia, los padres deberán presentar la cartilla de vacunación con 12 vacunas administradas: la difteria, el tétanos, la polio, la hepatitis B, la tos ferina, la Haemophilus B, el sarampión, las paperas, la rubéola, la meningococo B y C y la varicela.

Con la aprobación de estas leyes, en Francia e Italia, el número de países de la Unión Europea en los que vacunar a los niños es obligatorio asciende a 14: Bélgica, Bulgaria, República Checa, Croacia, Francia, Grecia, Letonia, Malta, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Italia,  Eslovenia y Hungría.

En otros países, como Holanda, las vacunas no son obligatorias, pero por ley, los padres están obligados a informar a escuelas y guarderías sobre el estado de vacunación de sus hijos o sobre la decisión de no vacunar. Según el modelo de  Australia, a través de la ley federal “No jab, no play”, desde   enero de 2016, las familias deben vacunar a sus hijos (a menos que tengan una exención médica aprobada) para poder recibir los subsidios familiares que en ocasiones puede ascender hasta los 15.000 dólares.

¿Qué ocurre en España? Excepto en situaciones puntuales de epidemias que amenacen de forma importante a la salud pública y comunitaria, como la sucedida en 2010, cuando un juez ordenó vacunar a 35 niños para hacer frente a un brote de sarampión detectado en un colegio de Granada, la legislación española actual no obliga a cumplir el calendario vacunal.

¿Debe, la protección del conjunto de la comunidad prevalecer sobre los derechos individuales? ¿O los derechos individuales, en este caso, están por encima de conjunto de la sociedad? Sin duda, un debate interesante ¿Tu qué opinas?